SUPUESTOS SOBRE PRECIOS Y AMENAZAS ALEJARON A UN PERIODISTA DE SU TRABAJO

Una vez más el Gobierno de Jeanine Añez se ve envuelto en un tema de corrupción y abuso de poder. Todo inicia por la denuncia realizada en el programa de Gigavisión “Detrás de la Verdad” por un supuesto sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos, hecho que ocasiona que Junior Arias, periodista del programa, se aleje del programa por un tiempo.

25 de noviembre del 2019, el Ministerio de Gobierno envía una carta a la empresa brasileña Cóndor, en la que solicita la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.

26 de noviembre, el Ministerio cambia de parecer y decide informar a la empresa que la adquisición de estos productos ya no será directamente, sino a través de la intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, compañía ubicada en Miami, Estados Unidos.

19 de diciembre, el ministro de Defensa, Fernando López, firma el contrato que consolida la adquisición de este material, pagando el estado boliviano entre 250 y 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno, dando una cifra total de 5,6 millones de dólares.

31 de mayo del 2020, el programa “Detrás de la Verdad” realiza una denuncia en la que presenta documentos a los que tuvo acceso, exponiendo el supuesto sobreprecio en la compra de este material. Muestra el contrato en el que el gobierno de Venezuela adquiera los mismos agentes químicos a menos de la mitad de precio cada uno, 14,5 y 15,5 euros (entre 111 y 118 bolivianos).

Una vez más el gobierno de Añez incurre en actos que dañan la economía del Estado, el ahorro en esta operación hubiera sido de 2,1 millones de dólares. Además, el programa señala que el padre del representante de la empresa intermediaria tiene vínculos con el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Sergio Méndez; también se lo relaciona con Arturo Murillo, ministro de Gobierno, por fotos en las que ambos personajes aparecen juntos.

1 de junio, el ministerio saca un comunicado en el que rechaza estas acusaciones, aludiendo de que todo se realizó en el marco de la legalidad. Se afirma que no se descansará hasta que Junior Arias rectifique sobre las acusaciones y restaure la dignidad de las personas dañadas.

El mismo día, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su “grave preocupación” por las declaraciones de esta cartera del Estado.

3 de junio, Jorge Arias, director de Gigavisión, pide a Junior Arias que se tome una “licencia temporal” para “verificar si existen las condiciones para el trabajo periodístico y si el gobierno puede brindar las garantías”.

Junior Arias declara lo siguiente antes de retirarse temporalmente del programa: “es una medida para precautelar la seguridad de nuestras familias, para precautelar la integridad física de quienes componemos esta red de televisión. Lamento la cobardía y el abuso de poder de este gobierno que no tiene límites pero sí tiene una fecha de expiración”.

4 de junio, “Vamos a demostrar las falsedades de esa denuncia con pruebas fehacientes, fidedignas y que seguramente serán parte de cualquier proceso de investigación serio por parte de quien corresponda, en este caso auditoria o Contraloría”, fueron las palabras del ministro, Fernando López, en conferencia de prensa.

En esta conferencia se niega el sobreprecio y se desmiente toda acusación hecha por el periodista, indicando de que los documentos de la compra venezolana son del año 2017, además López afirma que, si fuera necesario, por el bien de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, firmaría “una y mil veces”.

Los supuestas amenazas al periodista por parte del gobierno, junto a las denuncias de corrupción que siguen apareciendo pueden terminar en una situación peor que la de el caso de los respiradores, ya que los principales involucrados en la trama son las autoridades más cercanas a la presidenta, Murillo y López.

¿Será cuestión de días para que la verdad salga a la luz?, o simplemente estamos ante información y datos erróneos.